La corrupción en las Universidades
Lamento, por esta vez, hablar en primera persona. Toda mi vida transcurrida, desde que ingresé a San Marcos en 1974, me he dedicado a tiempo completo al quehacer universitario. Creo conocer algo sobre la problemática de la universidad peruana porque la vivo en carne propia. En el Perú, la universidad con las características actuales, en vez de ser solución es un problema; y un grave problema en el que nadie quiere meterse. El problema no es sólo el caso de las universidades públicas, aunque ellas reviertan mayor gravedad, también lo es de las universidades privadas. El problema es, pues, del sistema universitario peruano.
He expresado en algunas publicaciones (libros y artículos) y he llevado a algunos eventos internacionales mis serias preocupaciones respecto a la problemática de de la universidad peruana porque estoy convencido que el futuro del país depende de la educación y de la universidad, pues ellas tienen la misión de formar nuevas mentalidades de los peruanos y crear ciencia, tecnología e innovación, siendo ambas requisitos indispensables para promover el desarrollo nacional sostenido y sostenible.
Me he pronunciado diciendo que la universidad peruana -así como está- es obsoleta, que está inmersa en una grave crisis estructural, que viene constituyéndose en un falso farol para las nuevas generaciones, que existe altos índices de desempleo profesional, que a los bajos niveles de calidad en la producción científica y en la formación profesional se suma el caos administrativo de las universidades en las que se manifiestan evidencias sobre la institucionalización de la mediocracia y de la corrupción. Sé que este diagnóstico es trillado, que no constituye novedad; empero, considero que es necesario seguir en la prédica.
Por tales razones he opinado públicamente que la universidad peruana debe tornarse en una universidad moderna y competitiva propia del siglo XXI y del Tercer Milenio y he planteado (Abril 2005) declarar a las universidades, especialmente a las nacionales, en Emergencia Nacional que posibilite implementar un proceso de reestructuración universitaria; siempre que este proceso de cambio y de transformación universitaria forme parte de una Política de Estado de desarrollo económico-social del país en la que la educación, por consiguiente, la universidad, sean las principales prioridades y que sea manifiesta la voluntad política de querer hacerla.
Sin embargo, aun en las actuales condiciones de crisis universitaria, en la que el Estado, la sociedad y hasta los mismos universitarios se limitan a observar desde el balcón el paso del cortejo fúnebre de la universidad peruana, existe latente un grave problema que cada vez corroe a las universidades: la Corrupción y la mediocracia. Mientras la corrupción y la mediocracia estén enquistadas en las universidades públicas y privadas es imposible promover su transformación y su desarrollo; por consiguiente, imposible promover el desarrollo del país. Por tal razón, la lucha contra la corrupción y la mediocracia en las universidades que posibilite a mediano y largo plazo extirparlas gradualmente, es una necesidad nacional y un deber de todo ciudadano que quiera ver en el futuro una nueva Universidad que contribuya a la construcción de una nueva sociedad peruana propia del siglo XXI y del tercer milenio.
Por las razones expuestas, en ésta y posteriores entregas abordaremos el complejo tema de la corrupción en las universidades. Iniciamos con la literatura de la corrupción a fin de ir perfilando su naturaleza como fenómeno social muy arraigado en nuestro país (y en el mundo, pues la corrupción es un problema mundial). Es necesario manifestar que la literatura sobre la corrupción y las plataformas de lucha contra ella resultan aún escasas en el Perú en comparación con el caso de otros países. Si esto sucede a nivel de la corrupción en general, el tema específico de la corrupción en las universidades y sus plataformas de lucha son virtualmente inexistentes.
(Nemesio Espinoza Herrera)
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LA CORRUPCIÓN Y LA MEDIOCRACIA
Miserias humanas en la corrosión de las sociedades
Nemesio Espinoza Herrera
Fuente: nespinozah.blogspot.com
La corrupción y la mediocracia son lesivas a las organizaciones, por consiguiente para las sociedades. Por corrupción se entiende no sólo en términos pecuniarios (pagar dinero “por debajo” para obtener algo irregularmente o “ganar” dinero indebidamente) sino también en hacer uso de los cargos para beneficios particulares o de grupos en detrimento del desarrollo organizacional, de un país. Corromper es alterar o trastocar la forma de algo (“sacarle la vuelta” a la Ley, por ejemplo), es sobornar con dádivas o de otra manera, es vicio o abuso contra las buenas costumbres, es alterar algo, es echar a perder algo, es desnaturalizar el ejercicio normal de la función pública, es trasgresión a las normas morales y legales para obtener beneficios particulares de naturaleza económica o de otra índole. Corrupción es también llegar (de mala manera) a ocupar cargos públicos y medrar, parasitar y no hacer nada. Corrupción es también encubrir actos dolosos. El que blinda al corrupto, es también corrupto. Los tratadistas establecen muchas categorías de corrupción que van desde abuso de autoridad hasta la apropiación ilícita de dinero público.
Por otro lado el vocablo Mediocracia –vocablo que no es usual en nuestro cotidiano lenguaje ni tampoco aparece en el Diccionario de la Real Academia Española- denota, al menos para esta viñeta, el “clima de la mediocridad”, significa “gobierno de la mediocridad”, “poder de los mediocres”, el ejercicio del poder creando condiciones para la proliferación de la mediocridad. “Mediocracy is a situation in the society in which mediocre people prevail” -Wikipedia. (Véase el tratado sobre la mediocracia en El hombre mediocre de José Ingenieros).
Algunas citas: “En la mediocracia nadie puede volar porque todos se arrastran. Coviénese en llamar urbanidad a la hipocresía, distinción al amaricamiento, cultura a la timidez, tolerancia a la complicidad". En la mediocracia "los filósofos, los sabios y los artistas están demás....el sabio es igualado al analfabeto, el rebelde al lacayo, el poeta al prestamista. Las mediocracias negaron siempre las virtudes, las bellezas, las grandezas; dieron el veneno a Sócrates, el leño a Cristo, el puñal a César, el destierro a Dante, la cárcel a Galileo, el fuego a Bruno”; agregaríamos: la mediocracia puso los 4 caballos a Túpac Amaru, la daga a Micaela Bastidas, la bala a José Olaya; el odio a Che Guevara, cañones a Salvador Allende. “En las mediocracias es normal halagar a los ignorantes y merecer sus aplausos, hablándoles sin cesar de sus derechos, jamás de sus deberes". En la mediocracia “todos se apiñan en torno de los manteles oficiales para alcanzar alguna migaja de la merienda, acomodaticios que son comparten la ajena hipocresía moral y ajustan su carácter a las domesticidades convencionales". Parafraseando a Manuel González Prada: sólo los jóvenes salvarán al Perú, porque lucharán contra la corrupción y la mediocracia. "Platón, sin quererlo, al decir de la democracia: "es el peor de los buenos gobiernos pero es el mejor entre los malos", definió la mediocracia" en el ámbito político.
Dinamarca, Suecia, Nueva Zelandia, Singapur, Finlandia, Suiza, Islandia, Países Bajos (Holanda), Australia, Canadá, países con percepción de corrupción cero. Perú es uno de los países corruptos del mundo (corrupción en el Poder Judicial, Policía, Universidades, Ministerios, Municipalidades, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, empresas, partidos políticos, etc. ¿Dónde no hay corrupción y en gran proporción? En el Perú, levantas una piedra y aparecen corruptos y mediocres por docenas. La mediocracia es caldo de cultivo para la corrupción. Mediocracia y corrupción; dupla demoledora del desarrollo. Mediocracia (poder de la mediocridad) y corrupción flagelos contra el desarrollo de la humanidad.
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(2006.09.21 – Correo)
La Ortiga. laortiga.info/blog/?p=602 -
¡CORRUPCIÓN, CORRUPCIÓN!
Andrés Bedoya Ugarteche.Durante las últimas semanas, los medios, las instituciones y los peruanos en general, se han “horrorizado” con la corrupción del Poder Judicial. Cada uno de los comentaristas se ha golpeado el pecho, como si esa corrupción fuese un islote negro en el mar de virtudes que es la nación peruana.
¡Por favor, caballeros! Lo de los chifles y los cuatrocientos dólares ni siquiera es noticia. El Poder Judicial, y todos los demás poderes, están corruptos desde que el Perú es el Perú, desde antes del Virreynato, desde antes del Incario. Es nuestra naturaleza. La corrupción es una enfermedad incurable, progresiva y fatal. Quienes han puesto el grito en el cielo no han hecho otra cosa que darle la razón a Scaevola, tutor de Cicerón, cuando dijo hace más de dos mil años: “¿Qué es lo que estima más un bribón, por encima del dinero y los sobornos, por seductores que sean? El que lo crean públicamente virtuoso”.
Scaevola también dijo: “La corrupción es irreversible cuando ha llegado a pudrir el alma del pueblo”. Este es nuestro caso, con escasísimas e inútiles excepciones. Un sociólogo argentino, catedrático de la Universidad de Buenos Aires, declaró hace algún tiempo a su paso por Lima: “Para corromper a un poder judicial sólo se requiere de un año. Para moralizarlo nuevamente, por lo menos dos generaciones”.
Y los peruanos, desgraciadamente, ya no tenemos dos generaciones en nuestro futuro. Nuestra suerte ya está echada. Estamos cargados de compulsiones y obsesiones, de ideas fijas y proyectos alucinantes que no hacen otra cosa que pavimentar el camino hacia nuestra total desintegración.
Nuestro mayor enemigo –y que no podemos derrotar– es el espíritu de la irracionalidad, la inhabilidad de concebir alternativas, el negarnos a reconsiderar viejos prejuicios, romper con obsesiones ideológicas, ensayar nuevas ideas o improvisar nuevos planes. Ahí tenemos al espíritu de la sinrazón en los Poderes del Estado, siempre tendientes a la depredación, o los sindicatos, los “frentes”, las oenegés, deliberadamente abanicando las brasas del resentimiento para convertirlas en deflagración del odio máximo, con el único objetivo que aceptan: destruir al Estado y constituirse en los comisarios máximos… por el tiempo que les tome enriquecerse.
Este es el cáncer que hace metástasis en el Perú y contra el que no hay quimioterapia posible. Sólo los detendrá la muerte. La muerte del país en el cual parasitan. Quienes logremos vivir unos pocos años ó emigrar a lugares más saludables, seremos testigos del final de esta agonía.
Hasta más vernos.
Perú: 184 años de corrupción e impunidad
(2006.04.27 – Correo)
Andrés Bedoya Ugarteche.
El título de esta nota es el mismo del libro publicado recientemente por Héctor Vargas Haya, ex presidente de la cámara de Diputados y del Congreso del Perú, periodista, escritor y buen amigo mío que ha tenido la gentileza de hacerme llegar un ejemplar.
Ojalá nunca la hubiera leído, aunque recomiendo su lectura. Es muy entretenido pero a los que aún se sienten peruanos no les va a gustar nadita. La corrupción del período aprista y la mafia fujimontesinista nos son más que sendas –y pequeñas– rayitas en la inmensa y corrupta pelambrera del tigre peruano (si cabe comparar félidos con auquénidos).
Héctor afirma –y demuestra– lo que yo siempre había dicho y escrito: la nación peruana está construida con ladrillos de corrupción y podredumbre. El peruano es mentiroso, haragán y ladrón (ama sua, ama llulla, ama quella) por definición, por naturaleza. De tornarse íntegro, vertical y honesto, dejaría de ser peruano. Su falta de honradez es ingénita. Memento peruviane quia excrementum est et in excrementum reverteris. Como diría mi profesor de religión, “…y esto no lo digo yo. Lo dicen los Evangelios”.
El futuro de la nación peruana es incierto (yo diría que absolutamente cierto: la extinción), y Héctor lo relieva en la página 420 de su libro: “Ojalá no se cumpla el vaticinio fatídico de los informes emanados de algunas entidades mundiales según el cual el Perú se halla incluido en la relación de países que dentro de poco, más o menos un cuarto de siglo, podrían perder su condición y calidad de naciones”. Y por cierto que la perderá. Los peruanos debemos y tenemos que desaparecer de la faz del planeta, en beneficio de la humanidad. Y eso va también por los haitianos, ecuatorianos y bolivianos (estos nos van a preceder). No tenemos ningún derecho a la existencia. Somos un error evolutivo. Estamos yendo hacia atrás, víctimas de la conocida ley de la termodinámica: la entropía fatal ¿Qué no es verdad? Sólo lean la historia.
No habían transcurrido ni veinte años de la emancipación, y ya habíamos inaugurado como cinco “constituciones” que –obviamente– de nada sirvieron. La guerra con Chile no la ganó Chile. La perdió el Perú… con la entusiasta colaboración de dos hijos de puta de la época: Piérola y su piquichón Iglesias. Ambos ayudaron a los chilenos para derrotar a Cáceres ¿Se imaginan? Y antes este par de traidores detuvieron la llegada de armamento europeo al Perú, simplemente para liquidar a Mariano Ignacio Prado (al que injustamente hicieron declarar “traidor”). Todo esto en plena guerra. Ahora díganme si tenemos remedio. Vargas Haya tampoco lo cree. Lean el libro. Les va a gustar y los va a iluminar for what it’s worth. Punto aparte y a otra cosa mariposa.
El analfabestia de La Paz ha adjetivado a Alejandro Toledo de “traidor” por haber suscrito el TLC con Estados Unidos. ¿Desde cuando le debemos lealtad al subnormal ese? Nosotros firmamos lo que se nos venga en gana, y ya puede el titiritero Fidel mover a sus marionetas, al marrano de Caracas y al mediocre nacionalista. Nada podrán evitar.
Una preguntita: ¿Será cierto que Nadine Heredia, hace un par de días, se ha comprado en la boutique de Ani Alvarez Calderón una falda valorizada el SETECIENTOS DÓLARES? Porque cuando se junta con el “pueblo” es puro Gamarra nomás.
Hasta más vernos.
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Héctor Vargas Haya
www.vargashaya.com/.../72-la-corrupcion-desde-la-independencia-pagina-75.html -
Héctor Vargas Haya, apartado de la función política, mediante renuncia pública, cuando encabezaba la fórmula parlamentaria del departamento de Lima en 1990, por repudio a los métodos que lo defraudaron, se dedica ahora a la tarea de escritor, y sus libros se relacionan en esta página. Fue miembro del Parlamento desde 1962, integrante de la Asamblea Constituyente de 1978-79. Presidente de la Cámara de Diputados y del Congreso en 1988-89, fundador del Parlamento Amazónico y gestor de innumerables importantes leyes. Su mayor frustración fue el rechazo sistemático que sufrieron sus iniciativas orientadas a combatir la corrupción.
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Probidad y corrupción en Chile
El punto de quiebre
Patricio Orellana Vargas. Administrador Público, Profesor Universidad de Chile
Fuente: www.revistapolis.cl/8/prob.doc
El gobierno democrático que empieza negando la corrupción, trata de controlarla y limitarla, llega a convivir con ella, justificarla y finalmente ampararla, para lo cual establece acuerdos con la oposición que está interesada en preservar la imagen de Chile, con el sistema judicial al cual le ofrece satisfacer la ansiada aspiración de la independencia financiera, y calma a la Contraloría General de la República con la entrega de millones de dólares para su mejoramiento. La corrupción al generalizarse se difunde por toda la sociedad infectando a los partidos políticos, las empresas, las universidades y las directivas del sector público. La esperanza radica en un cambio de orientación en la lucha por la probidad generada por una catarsis social que se centre en la transparencia y la participación.
Introducción
Probidad y corrupción en Chile
El tema de la corrupción política y administrativa o corrupción pública no era relevante en el mundo a pesar de que durante miles de años de historia había existido este flagelo y había sido generalizado en algunos países durante algunos períodos. Posiblemente, se aceptaba la corrupción como un mal imposible de erradicar, pero que podía limitarse o controlarse. Actualmente, hay dos posiciones extremas frente al problema, la primera, arraigada en el pensamiento funcionalista norteamericano, es la de aceptar la corrupción como se acepta el delito, combatiéndolo, pero reconociendo que todas las sociedades y en todas las épocas éste ha existido. La normalidad descrita por Durkheim no puede existir sin tener, permanentemente, elementos de anormalidad como es el caso del suicidio frente a la tendencia universal de protección de la vida humana, de la misma manera, la corrupción era considerada como un mal imposible de erradicar.
El autor más conocido e influyente que mantiene esta posición es Robert Klitgaard, (1992); el título de uno de sus libros define claramente su posición: Controlando la corrupción. Casi todos los autores que tratan el tema de la mantienen posiciones similares consideránpola como un proceso crónico e inevitable, y tienden a minimizar el problema o a sostener que la corrupción es endémica de cualquier sociedad. Michael Hershman de Transparency International sostiene: “aquellos que tratan de eliminar la corrupción en cualquier sociedad se están engañando a sí mismos. La corrupción nunca podrá ser eliminada, pero sí reducida” (Hershman 1996).
La otra posición sostiene que la probidad es ausencia de corrupción y conceptualmente la probidad es, por lo tanto, aquella situación en la cual la corrupción es cero o no existe. Si bien se define como un objetivo teórico, es una meta permanente y se agrega que hay situaciones concretas en que la corrupción política y administrativa no existe efectivamente. El autor de estas notas se adscribe a este enfoque llamándolo la teoría del cero absoluto (Orellana 1997).
El tema de la corrupción política y administrativa no tenía relevancia en Chile hasta comienzos de los noventa. Durante toda la historia de Chile, este tema había sido irrelevante como describiremos más adelante. Desde 1973 a 1990, durante la dictadura de Pinochet no podía tratarse en ningún ámbito porque no existía libertad de opinión ni de prensa. La preocupación académica sobre la corrupción es marginal ya que se parte del supuesto de que Chile ha sido siempre honrado y probo y lo seguirá siendo. Sin embargo, en 1994, el gobierno democrático empieza a preocuparse del tema y el 6 de abril de 1994 se crea la Comisión Nacional de Ética Pública, la que presenta un informe al Presidente de la República el 27 de junio de 1994 que sirve como base para la ley de Probidad y Transparencia del 14 de diciembre de 1999.
Sin embargo, las pocas referencias a la corrupción expresadas en algunos artículos académicos y en denuncias de casos de corrupción presentados en la prensa fueron minimizadas. Había unanimidad que este flagelo no afectaba a Chile, lo que se justificaba porque los casos eran pocos e insignificantes comparados con lo que ocurría en la región. Esta percepción se fortaleció cuando se empezaron a divulgar las primeras mediciones internacionales sobre la materia y Chile figuraba como el país más probo de América Latina y superaba a muchos países europeos como Francia, España, Italia, etc. En América estaba por sobre Estados Unidos, posición que más tarde perdió. Además, otros indicadores sobre la calidad de la Administración Pública chilena eran coherentes con esta visión que se afincaba en la tradición histórica de siglos de probidad pública.
Los pocos académicos que trataron el tema fueron descalificados bajo el argumento de que no entendían nuestra excepcionalidad, especialmente por los personeros de gobierno que mantuvieron una actitud altanera y de desprecio frente a las voces que preconizaban medidas preventivas para impedir la generalización de la corrupción. Sin embargo, hubo algunos seminarios y reuniones en torno al tema positivo de la ética, especialmente para adoptar posiciones frente a la forma de enfrentar las violaciones a los derechos humanos, en torno a la cual se configuraron las ideologías éticas predominantes durante los tres gobiernos democráticos posteriores a la dictadura militar.
Ahora, en el año 2003, no cabe duda que hay una corrupción generalizada en el país, sin embargo, se prosigue negándola, explicándola o justificándola. Incluso la oposición, que podría haber levantado la bandera de la probidad y la lucha en contra de la corrupción, no lo ha hecho por consideraciones de táctica política que sintéticamente consiste en que denunciar la corrupción generalizada podría deteriorar la imagen del país que aseguran que gobernarán en los próximos años. Este deterioro en un mundo globalizado puede acarrear negativas consecuencias a los próximos gobiernos.
Hasta aquí hemos planteado tres tesis: (a) Chile tiene una larga historia de probidad pública; (b) con la dictadura militar (1973-1990) se produce un quiebre de esta tendencia; Y (c) Actualmente hay un proceso de generalización de la corrupción política y administrativa (1991-2003). No es necesario demostrar la primera, ya que hay unanimidad sobre el tema, pero trataremos de intentar explicar por qué hubo altos niveles de probidad.
La segunda tesis es difícil de demostrar dado que durante ese período no hubo libertad de prensa, ni fiscalización parlamentaria y, como imposición de los militares, la actual Cámara de Diputados carece de función fiscalizadora para el período anterior a 1990 de manera que es un tema muy difícil de investigar. Sin embargo, hay casos masivos que muestran la punta del iceberg de la corrupción en ese período. La tercera tesis la demostraremos con los datos acumulados especialmente de investigaciones periodísticas. Estas tesis generan de inmediato dos preguntas: ¿Por qué se han producido estos cambios? Y derivada de la respuesta, también se podrá concluir el por qué del quiebre y desde cuándo surge el proceso generalizado de corrupción.
Si bien la intención de este trabajo es esencialmente de diagnóstico, se hacen referencias a la modernización de la gestión pública y a las estrategias para combatir la corrupción y su fracaso, y se insinúan otras centradas en las personas del servicio público. Los cuadros estadísticos permiten ver cuantitativamente los niveles que han alcanzado la corrupción política y administrativa en Chile.
La trascendencia de la corrupción-probidad en el mundo
La preocupación de la opinión pública, de los políticos y académicos sobre el tema es nueva. Hace una década atrás casi no existía interés sobre este fenómeno. Este surgió cuando el fin de la guerra fría impulsó cambios en muchos organismos internacionales de financiamiento. Se dejó de considerar como un elemento esencial para otorgar créditos o ayudas la lealtad al capitalismo o a “occidente”, como se sostenía. Se empezó a explicitar que, en muchos casos los recursos destinados a inversiones o ayudas sociales, desaparecían en los bolsillos de los gobernantes, políticos y funcionarios corruptos y no producían los efectos que habían justificado su otorgamiento. Ésta no es una verdad oficial y es reiteradamente negada por los mencionados organismos, aunque James Wolfensohn, que fuera presidente del Banco Mundial, advirtió hace algunos años que se les podría cancelar los créditos a las naciones afectadas por el cáncer de la corrupción. Peter Eigen, también ex presidente del mismo organismo ahora preside Transparency International. También un convenio regional de la OEA en contra de la corrupción y la OECD ha propiciado una convención sobre la materia, todas medidas posteriores al fin de la guerra fría.
La estrategia de Transparency International se basa en el siguiente supuesto: “Mientras las instituciones financieras internacionales estén dispuestas a prestar dinero a gobiernos que lo roban, la corrupción no es combatida. Fue una batalla perdida hasta que se designó a James Wolfensohn, un australiano como presidente (del Banco Mundial)” (Jeremy Pope y Petter Langseth 1997). Pero no se trata sólo de cambio de personas, lo que ocurría es que el contexto internacional había cambiado haciendo más propicio el combate a la corrupción.
El FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, la OECD y agencias oficiales de países desarrollados coincidieron en cambiar sus políticas y exigir garantías a los solicitantes para asegurar que los fondos no desaparecerían en los procesos de corrupción. Al mismo tiempo estas instituciones empezaron a respaldar el funcionamiento de ONGs especializadas en probidad como Transparencia Internacional y sus capítulos nacionales en más de un centenar de países. Amparados en este proceso, algunas ONGs nacionales empezaron a trabajar en este ámbito y con el fundamental aporte que hicieron los periodistas al empezar a denunciar estos temas, que habían estado vedados por mucho tiempo, permitieron ir apreciando la dimensión de la corrupción en el mundo
El Fondo Monetario Internacional, FMI, exigió al Banco Central de Rusia que mejorara sus sistemas de control interno para obtener el próximo tramo de un préstamo pendiente. El Banco ruso de comprometió a realizar controles trimestrales y cooperación en cualquier investigación. También el FMI suspendió créditos por 220 millones a Kenya porque el gobierno había fallado en bajar los altos niveles de corrupción (The Guardian 1997).
La preocupación mundial por el tema tiene sólidas bases económicas pues en el comercio internacional la corrupción es un factor esencial que ahora hay que considerar para hacer negocios. Los países de la OECD destinan ochenta mil millones de dólares por año a pagar sobornos para obtener contratos o ventajas en sus negocios, según el ex Alto Comisionado de las Naciones para los refugiados Naciones Unidas, ACNUR. Con una suma similar podría resolverse el problema de la pobreza mundial (Aga Khan 2003). El presidente de la Conferencia Latinoamericana de Obispos, Celam, Oscar Rodríguez ha declarado que la corrupción “es la amenaza más grande para el desarrollo de los pueblos, para la superación de los problemas económicos y la convivencia social, la armonía y la equidad” (Bárcenas 1997).
Se estima que en Europa del Este las compañías destinan el 3,3% de sus ingresos al pago de sobornos, en Rusia este porcentaje se eleva al 5,7%. En Estados Unidos, según la Comisión de Supervisores del Fraude Certificado, las empresas destinan el 6% de sus ingresos anuales al pago de fraudes y comisiones para sus negocios, lo que alcanza a los cuatrocientos mil millones de dólares anuales. (El Diario Financiero 2002).
En América Latina el 80% de los ciudadanos cree que la corrupción se ha desbordado y está fuera de control, según encuesta del Latinbarómetro (2001). En Argentina, la corrupción tiene un costo de siete mil millones de dólares anuales según lo denunció el ex Ministro del Interior de Carlos Menem, Gustavo Béliz y calificó la situación de hipercorrupción (El Mercurio 1996).
Artículo completo véase en www.revistapolis.cl/8/prob.doc
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HABLA SOBRE MUSEO DE LA CORRUPCIÓN
Política
Sáb. 21 mar '09
LA CORRUPCIÓN EN EL PERÚ
Fuente: http://peru21.pe/impresa/noticia/corrupcion-peru/2009-03-21/241722
“En el caso improbable de que el ministro y el vicepresidente consideren que los libros tienen alguna utilidad en los países pobres, deberían leer Corrupt Circles”.
• Autor: Álvaro Vargas Llosa
Washington, DC.— La mayor parte de los libros sobre la corrupción en América Latina son tendenciosos, confunden los síntomas con las causas o se entrampan en lo puramente sensacionalista. Por eso, cuando el profesor Alfonso Quiroz de la City University of New York me invitó a presentar su libro Corrupt Circles: A History of Unbound Graft in Peru en el Woodrow Wilson Center, pensé declinar la invitación.
Pero se trata, en realidad, de una contribución sustancial a la comprensión de la corrupción latinoamericana. Aunque se centra en el caso del Perú desde la época colonial hasta el presente, su validez es universal.
El libro presenta la corrupción como un fenómeno que recorre todos los tipos de gobierno que ha padecido el Perú. Con ello, muestra que se trata de un rasgo institucional, no de espasmos episódicos. La colosal corrupción que existe desde siempre en el Perú sería hija de la forma en que está organizado el poder y se fijan las reglas.
El autor intenta cuantificar las pérdidas, una tarea ardua porque el cálculo incluye la sustracción o desvío de dineros públicos y la riqueza que podría haberse creado en un contexto más seguro.
Entre 1680 y 1810, el cohecho y otros delitos económicos equivalieron en promedio a más del cuatro por ciento del PBI cada año. Entre la década de 1820 –cuando el Perú obtuvo (le obtuvieron) su independencia– y comienzos del siglo 21 el promedio anual fue levemente inferior a esa cifra. En el siglo 20, las peores décadas fueron la de 1920, la de 1970 y la de 1990.
Bajo Alberto Fujimori y su monje negro, Vladimiro Montesinos, la corrupción equivalió al cincuenta por ciento del presupuesto del Estado y al 4.5 por ciento del PBI cada año. El autor calcula que los sobornos le han costado al Perú la mitad de sus posibilidades de desarrollo.
Pero el verdadero aporte del libro es más fundamental que sus fosforescentes estadísticas. Es la aseveración de que la “corrupción como sistema tiene lugar cuando las reglas formales e informales, las políticas destinadas al crecimiento y las normas constitucionales—que protegen los derechos de propiedad, reducen los costos de transacción, desalientan la búsqueda de renta y garantizan los pesos y contrapesos políticos—brillan por su ausencia, están distorsionadas o son inciertas”.
Hace unos años, describí en un libro los “cinco principios de la opresión” que están detrás del relativo atraso de América Latina: el corporativismo, el mercantilismo, el privilegio, la transferencia de riqueza y la ley política o Derecho politizado. En estas sociedades, los derechos individuales, la propiedad privada y la competencia fueron sofocados por el poder autoritario.
El gobierno colonial descargó sobre los peruanos un millón de leyes que fueron desobedecidas tanto por quienes debí an aplicarlas como por las víctimas. La república independiente se deshizo del dominio español, no de la tradición estatista. En el Brasil del siglo 19, el Vizconde de Albuquerque se refería al poder persistente de las instituciones defectuosas en contra de los intentos reformistas cuando, en un contexto distinto, sostuvo que “un conservador es un liberal que está en el gobierno”. Solo aquellos países en los que la sociedad civil fue más fuerte y las instituciones menos intrusas, la corrupción resultó menos abarcadora: Costa Rica, Uruguay y Chile.
Según Corrupt Circles, la corrupción peruana ha cambiado de foco, según las tendencias prevalecientes. En tiempos de gobierno militar —por ejemplo, con los dictadores Sánchez Cerro, ”scar Benavides y Manuel Odría—, fue especialmente elevado el cohecho ligado a las compras militares. En el período, entre las décadas de 1930 y 1980, cuando el nacionalismo económico embrujó al Perú como a la mayor parte del continente, la corrupción estuvo muy ligada a las políticas proteccionistas y socialistas —por ejemplo– bajo el general Juan Velasco.
La corrupción es un síntoma de la inoperancia institucional. Es el medio mediante el cual una persona común se protege de reglas poco realistas –una especie de seguro contra el riesgo de obedecer la ley— y mediante el cual la gente poderosa explota la maquinaria de un Estado que le pone escasos límites.
En 2001, poco después del colapso del gobierno de Fujimori, sugerí la necesidad de un “museo de la corrupción”, financiado de forma independiente. La memoria es una manera en la que los peruanos puedan empezar a modificar algunas de las causas sempiternas de la corrupción. Pero la preservación de la memoria política no es una tradición peruana.
Un debate tiene lugar en estos días con respecto a la propuesta de crear un “museo de la memoria” relacionado al atroz sufrimiento infligido a los peruanos, la mayoría de ellos andinos sin pena ni gloria, por dos décadas de terrorismo marxista y la respuesta militar indiscriminada. El ministro de Defensa del Perú, de apellido Flores- Aráoz, pensó que les prestaba un servicio a los uniformados, aunque en el fondo los insultaba, cuando sostuvo, hace poco, que en un país pobre los museos no son una prioridad. El vicepresidente Giampietri, un cuestionado ex almirante, también se ha ofuscado con la amenaza de un museo.
En el caso harto improbable de que el ministro y el vicepresidente consideren que los libros tienen alguna utilidad en los países pobres, deberían leer Corrupt Circles.
Podría ayudarlos a comprender por qué la memoria puede ser un poderoso antídoto contra la repetición de la (mala) historia.
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BERNARDO KLIKSBERG
Corrupción. Más allá de los mitos
Fuente: http://www.elpais.com/articulo/opinion/Corrupcion/alla/mitos/elpepusocdgm/20090308elpdmgpan_1/Tes
Soborno, coima, mordida... Tres formas de denominar a la auténtica plaga de la sociedad actual. Una clave para frenar su expansión es mejorar la transparencia de la gestión pública y privada
Según los tribunales americanos, Siemens pagó, entre 1998 y 2004, 40 millones de dólares en soborno a altas autoridades argentinas para conseguir un contrato de 1.000 millones de dólares para producir nuevos documentos de identidad. También pagó en 2004 en México 2,6 millones de dólares por un proyecto en modernización de refinerías. Estos sobornos eran, como aceptó la mayor empresa de ingeniería europea en los tribunales, parte de una práctica sistemática de décadas que fue aplicada en múltiples países. En los países muy corruptos, los sobornos eran casi el 40% de los contratos; en otros, del 5% al 6%. La empresa deberá pagar en total 2.600 millones de dólares en EE UU y Alemania en multas e investigaciones y reformas. Informa el New York Times que Friedrich, jefe de la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, señaló que la corrupción en ella "era sistemática y extendida"; el director del FBI de Washington que lideró la investigación la llamó "masiva y cuidadosamente orquestada". Tan insertada estaba la corrupción en la cultura corporativa que uno de los principales operadores de los sobornos, Siekaczek, alegando que eran prácticas extendidas, afirmó después de haber admitido su culpa: "La gente dirá después de Siemens que no hemos sido afortunados, que hemos roto el mandamiento número 11. Ese mandamiento dice: no permitas que te descubran".
Los costos económicos de la corrupción son altísimos, y los pagan finalmente los consumidores y los contribuyentes. Destruye la confianza, elemento clave de la economía. Socava el sistema de valores morales y crea nihilismo en los jóvenes.
Hay varios mitos respecto a ella que correspondería revisar en América Latina:
Primer mito. La corrupción es esencialmente pública. El caso de Siemens, y múltiples otros similares como, entre otros, la quiebra del principal banco privado dominicano hace algunos años, que absorbió recursos vitales para el país; el soborno comprobado realizado por ejecutivos de una transnacional líder en Argentina para vender masivamente informatización al principal banco público, han mostrado que la corrupción no es sólo pública. La corrupción corporativa es parte importante del problema global. En los hechos, los esquemas de corrupción suelen entrelazar a ejecutivos públicos y privados.
Hasta 1999 en que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) penó la corrupción, el código fiscal alemán, entre otros, permitía la deducción de los sobornos como "gastos de negocios". El Pacto Global de la ONU terminó de oficializar a la corrupción como tema para la empresa privada en 2004, al agregar la lucha contra ella como décimo principio de su Código de Responsabilidad Social Empresarial.
Segundo mito. La corrupción se concentra en las coimas que los ciudadanos pagan a funcionarios. La coima en los países de Suramérica, la mordida en México y otras similares son claras expresiones de corrupción que deben ser combatidas y erradicadas. Sin embargo, los costos mayores los paga la sociedad en las grandes operaciones de colusión económica, entre empresas y funcionarios, como los que se han dado, entre otros, en el mercado de armas y en otras formas de corrupción más silenciosas. Entre ellas, las connivencias entre el crimen organizado y miembros de la policía, la influencia sobre el sistema judicial, los crímenes medioambientales.
Uno de los grandes temas que surgen cuando se eleva la vista de las coimas es el de la transparencia de la financiación en los procesos electorales. En un incisivo estudio de Ethos y Transparency International en Brasil al respecto (2008), más de 2/3 de las empresas firmantes del pacto por la integridad y contra la corrupción consideraron sobre esta estratégica cuestión que "las empresas deben apoyar iniciativas de la sociedad civil que monitoricen la financiación de la política", "las empresas deben revelar sus donaciones políticas al margen de lo que hagan los partidos y los candidatos", "las empresas solamente deben apoyar candidatos comprometidos con la divulgación de las donaciones".
Tercer mito. La opinión pública latinoamericana es pasiva frente a la corrupción. Está sucediendo lo contrario. El latinobarómetro y la encuesta mundial de valores muestran un rechazo generalizado, una enorme indignación por la impunidad y la exigencia creciente por respuestas contundentes.
Cuarto mito. La corrupción es un tema básicamente policial. Una investigación de la Universidad de Harvard muestra que es mucho más complejo. Trató de medir en 100 países con qué causales estaba más conectada. Las correlaciones econométricas identificaron que la principal eran los niveles de desigualdad. Cuanto mayores son las asimetrías en una sociedad, élites reducidas tienen el control de las grandes decisiones económicas, de los recursos, de la información, y las grandes mayorías tienen grados mínimos de información y de participación real. En esas condiciones hay, según los investigadores, "incentivos perversos" para las prácticas corruptas, porque los grupos de alto poder no tienen control y pueden actuar con impunidad. La corrupción, a su vez, aumenta la desigualdad. Se ha estimado que un aumento de un punto en el índice de corrupción hace aumentar el coeficiente Gini de desigualdad en 5,4 puntos.
Cuanto más equitativas las sociedades y mayor la participación de las mayorías, en educación, salud, información e incidencia en las decisiones, mejor podrán vigilar, y protestar, y menor será la corrupción.
Estos resultados son particularmente significativos para América Latina, por ser la región más desigual del planeta. Uno de los costos silenciosos de la desigualdad son los incentivos para la corrupción.
¿Cómo combatir la corrupción en la región? Mejorar la equidad y superar los mitos señalados, y otros, profundizando sobre sus causas, son recomendaciones básicas.
Junto a ello son imprescindibles vigorosas políticas de reforma y fortalecimiento del poder judicial, apoyo a la profesionalización de las instituciones policiales vinculadas con la investigación de estos delitos, establecimiento de instituciones reguladoras sólidas y dotadas de capacidad técnica efectiva, gestión activa para la recuperación de activos en el exterior. Después de largas gestiones, el empobrecido Haití acaba de recuperar varios millones de dólares que la dinastía Duvalier había depositado en cuentas suizas.
Una clave para enfrentar la corrupción es ampliar las posibilidades del control social. Ello significa, entre otros aspectos, maximizar los grados de transparencia de la gestión tanto pública como privada e instalar mecanismos institucionalizados de participación continua de la población. Son significativos los resultados logrados con desarrollos en los que América Latina fue pionera en los últimos años, como el presupuesto municipal participativo de Porto Alegre, que se ha convertido en una referencia mundial en la materia y se ha extendido bajo diversas fórmulas a centenares de ciudades de la región. La apertura plena de los presupuestos, su análisis por la ciudadanía, su selección directa de prioridades, la rendición de cuentas, generaron una gestión local muy mejorada y redujeron sensiblemente los niveles de corrupción y de clientelismo.
A todo lo anterior deberá sumarse trabajar en la familia, la educación y los medios masivos para fomentar una "cultura de la transparencia y la responsabilidad". Ambos significan que el otro importa. La corrupción es lo contrario: egoísmo maximizado. En los noventa, en Argentina, donde este año se están llevando adelante 15 procesos judiciales contra políticos, ex funcionarios, empresarios y banqueros de esa década, algunos sectores de la población llegaron a invertir los valores. Los funcionarios y empresarios que robaban cubriendo sus operaciones eran percibidos como "unos vivos"; los que no lo hacían, "una especie de idiotas". La década de políticas ortodoxas extremas destruyó parte de la clase media y de las oportunidades para la mayoría de la población en ese y otros países de la región, pero, además, erosionó profundamente los valores básicos.
Las sociedades reaccionaron, pero hay que continuar trabajando ese plano fundamental. Los países que encabezan la tabla mundial de integridad, como los nórdicos, tienen altos grados de equidad, instituciones sólidas, un poder judicial ejemplar, pero, además, la cultura rechaza a los corruptos, son "parias sociales". La ilegalización "cultural" además de jurídica de la corrupción es la doble batalla a dar.
La investigación de Harvard es alentadora, concluye que "después de todo, la corrupción no es un destino".
Bernardo Kliksberg es autor de numerosas obras. La más reciente, escrita con el premio Nobel Amartya Sen, Primero la gente (Planeta/Deusto). Es asesor principal de la dirección del PNUD/ONU para América Latina.
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LA CORRUPCION EN AMERICA LATINA
CESAR SANCHEZ MARTINEZ
cesarsanchez.blogspot.com/.../articulo-la-corrupcin-en-amrica-latina.html -
La falta de ética y las prácticas deshonestas en los diversos estamentos de la gestión pública afectan al desarrollo social, y al mismo tiempo, las más difíciles de ser probadas porque los delincuentes de “cuello y corbata” generalmente nunca dejan pruebas. Urge hacer cumplir las políticas de controles internos que desde la perspectiva de la administración de riesgos y buen gobierno corporativo son necesarios para el desarrollo de los pueblos.
La corrupción no sólo es un acto inmoral y lesivo a los intereses de los países, sino que fomenta el subdesarrollo, analfabetismo, pobreza, desnutrición, delincuencia, desempleo y otros males sociales. Frena el crecimiento económico y el bienestar social de la región.
En América Latina por lo general, la corrupción siempre estuvo ligada a la actividad política, desvirtuando de esta manera, el importante rol que cumplen los partidos políticos en la democracia. Es cierto que muchas administraciones gubernamentales (presidentes, gobernadores, alcaldes, consejeros y regidores) han abusado de su autoridad para cometer actos delictivos, pero los hechos dolosos también están presentes en el sector privado, instituciones civiles, organizaciones populares y hasta en grupos religiosos.
La corrupción tiene distintos matices y está en todos los ámbitos. Está en el juez que recibe soborno de los litigantes, en el chofer que paga coima a la policía, en el profesor que acepta dinero de sus alumnos, en la licitación pública poco transparente y en el periodista que cobra por difundir una noticia. También en el título académico falsificado, en el pastor evangélico que exige ofrendas a sus creyentes para su beneficio personal, en el sacerdote que se apropia de bienes comunales y en los políticos que mienten para ocultar sus hechos.
Asimismo, en empresarios que pagan para ganar concursos públicos, en adquisiciones sobrevaluadas, en la evasión de impuestos, en los delitos económicos y financieros, y en empleados que roban tiempo y materiales de sus centros de trabajo. La corrupción es casi inherente a la actividad pública. Hemos crecido con ella y la tenemos cerca a nosotros.
De ahí que la corrupción podría convertirse en una institución. La cultura de “Pepe el vivo” es el modelo de vida de algunas personas. Incluso, hay quienes celebran los “logros” alcanzados. Si queremos que nuestros países cambien empecemos cumpliendo las normas que ya están escritas. Los Estados para prevenir actos dolosos y evitar escándalos, han desarrollado estrictas normas de control interno, pero lamentablemente no se cumplen.
En la región hay ejemplos de cambios profundos. En los años 80, la administración colombiana era considerada como una de las más corruptas en América Latina. El gobierno decidió aplicar el famoso Modelo Estándar de Control Interno (Meci) y la corrupción administrativa se redujo drásticamente. En el caso chileno, ocurrió algo similar a partir de la administración del ex presidente Ricardo Lagos, cuyos logros lo está cosechando la presidenta Michelle Bachelet. México hizo lo propio desde el gobierno de Vicente Fox, después de vencer al PRI con más de 60 años en el poder.
En 2001, Fernando De la Rúa, presidente de Argentina desarrolló un plan de controles internos para su país y en Brasil, a raíz de la renuncia del ex jefe de Estado, Fernando Collor de Mello en 1992 por actos de corrupción, el Congreso de ese país aprobó un Manual de Ejecución de Controles Internos, que fue ampliado por Itamar Franco y Fernando Henrique Cardoso y seguido actualmente por Luis Ignacio Lula Da Silva.
El lado oscuro lo presentan Venezuela, Bolivia y Ecuador que por estrategia política no consideran prácticas anticorrupción en sus países. El Perú por indolencia e incumpliendo de las normas que la tiene dispersas en diversas instituciones se acerca a este último grupo. No olvidemos que el lavado de dinero se fomentaba en el país incaico desde el mismo gobierno en los años ochenta, cuando los “cocadólares” ingresaban vía certificados de depósitos al portador y representantes de los bancos locales viajaban al Alto Huallaga para comprar “dólares” que estaban más baratos.
Para muestra un botón. En la región, hay normas acerca del lavado de activos y algunas empresas están en la obligación de tener manuales internos para brindar información sobre transacciones vinculadas con el lavado de dinero. La obligación es para todas las personas y empresas que desarrollan acciones como compra y venta de divisas, servicio de correo y courier, comercio de antigüedades, joyas, metales y piedras preciosas. También monedas, objetos de arte y sellos postales, préstamos y empeño.
Asimismo, agencias de viajes y turismo, hoteles y restaurantes, notarios y martilleros públicos, y organizaciones que reciben donaciones o aportes de terceros. Por último, servicios de cajas de seguridad y consignaciones, laboratorios y empresas que producen o comercializan insumos químicos que se utilizan para la fabricación de drogas o explosivos, y aquellos que se dedican a la compra-venta o importaciones de armas, materiales explosivos y empresas mineras. ¿Cuántas empresas cumplen la normatividad?
La aplicación de adecuados controles internos con enfoque de riesgos en la administración pública es vital para reducir actos e intentos de corrupción gubernamental. Hay crecientes preocupaciones entre empresarios y académicos respecto a la corrupción, especialmente aquellos delitos llamados “crímenes de cuello blanco”. Se busca conocer modernas estrategias para detectar delitos económicos y aplicar con antelación determinadas herramientas.
Los estudios internacionales revelan que solo el 5% de actos de corrupción en una organización pública es causada por fraudes cometidos por empleados de nivel bajo, el 20% son hechos por gerentes, directores y funcionarios, y el 75% por ejecutivos o empleados de nivel medio. Según las investigaciones del Instituto Internacional de Estudios Gerenciales, los delitos son soborno, malversación, nepotismo, dolo, suplantación, falsedad genérica, robo, defraudación de impuestos y abuso de autoridad.
Urge que funcionarios y empleados estén informados sobre la aplicación de los adecuados controles internos con enfoque de riesgos para que actúen con diligencia en compras estatales y licitaciones públicas, cumpliendo de esta manera con los estándares internacionales que se exigen. El control interno es un instrumento de gestión que se debe utilizar para proporcionar garantías razonables en el cumplimiento de los objetivos de las organizaciones. El cumplimiento de estas normas fomentará que las dependencias públicas se administren de una manera más transparente y con mayor eficiencia, redundando en un mayor valor para el propio gobierno.
Es importante que las organizaciones públicas sepan cómo se están organizando las diversas modalidades de corrupción, lavado de activos, y delitos económicos y financieros. Pretender en pleno siglo XXI realizar actos de corrupción como en los años setenta es difícil por el auge de las modernas tecnologías de la información. Ahora es fácil comprobar precios y compras en tiempo real acerca de transacciones realizadas en cualquier país. Pero también es real que las mafias usan tecnologías para realizar actos de corrupción.
Se debe conocer las modernas herramientas que trae consigo el proceso de globalización como son la administración integral de riesgos, la aplicación del buen gobierno corporativo, el uso de tecnologías y el desarrollo de adecuados controles internos. Una de esas herramientas es la administración integral de los riesgos que permite a las organizaciones públicas y privadas tener un “mapeo” de sus áreas vulnerables o sensibles a fin de identificar los riesgos. No olviden que un riesgo no identificado es un posible siniestro que representará para la institución, gobierno o empresa, grandes pérdidas financieras.
FIRMADOS Nº 038 LIMA, Octubre 24, 2007
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Departamento de Derecho Internacional, OEA
CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓNFuente: www.oas.org/Juridico/spanish/Tratados/b-58.html
Preámbulo
LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, CONVENCIDOS de que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos;
CONSIDERANDO que la democracia representativa, condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, por su naturaleza, exige combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, así como los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio;
PERSUADIDOS de que el combate contra la corrupción fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social;
RECONOCIENDO que, a menudo, la corrupción es uno de los instrumentos que utiliza la criminalidad organizada con la finalidad de materializar sus propósitos;
CONVENCIDOS de la importancia de generar conciencia entre la población de los países de la región sobre la existencia y gravedad de este problema, así como de la necesidad de fortalecer la participación de la sociedad civil en la prevención y lucha contra la corrupción;
RECONOCIENDO que la corrupción tiene, en algunos casos, trascendencia internacional, lo cual exige una acción coordinada de los Estados para combatirla eficazmente;
CONVENCIDOS de la necesidad de adoptar cuanto antes un instrumento internacional que promueva y facilite la cooperación internacional para combatir la corrupción y, en especial, para tomar las medidas apropiadas contra las personas que cometan actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas o específicamente vinculados con dicho ejercicio; así como respecto de los bienes producto de estos actos;
PROFUNDAMENTE PREOCUPADOS por los vínculos cada vez más estrechos entre la corrupción y los ingresos provenientes del tráfico ilícito de estupefacientes, que socavan y atentan contra las actividades comerciales y financieras legítimas y la sociedad, en todos los niveles;
TENIENDO PRESENTE que para combatir la corrupción es responsabilidad de los Estados la erradicación de la impunidad y que la cooperación entre ellos es necesaria para que su acción en este campo sea efectiva; y
DECIDIDOS a hacer todos los esfuerzos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y en los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio,
HAN CONVENIDO
en suscribir la siguiente
CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Definiciones
Para los fines de la presente Convención, se entiende por:
"Función pública", toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos.
"Funcionario público", "Oficial Gubernamental" o "Servidor público", cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos.
"Bienes", los activos de cualquier tipo, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acrediten, intenten probar o se refieran a la propiedad u otros derechos sobre dichos activos.
Propósitos
Los propósitos de la presente Convención son:
1. Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados Partes, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción; y
2. Promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados Partes a fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio.
Medidas preventivas
A los fines expuestos en el Artículo II de esta Convención, los Estados Partes convienen en considerar la aplicabilidad de medidas, dentro de sus propios sistemas institucionales, destinadas a crear, mantener y fortalecer:
1. Normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas. Estas normas deberán estar orientadas a prevenir conflictos de intereses y asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones. Establecerán también las medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento. Tales medidas ayudarán a preservar la confianza en la integridad de los funcionarios públicos y en la gestión pública.
2. Mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de dichas normas de conducta.
3. Instrucciones al personal de las entidades públicas, que aseguren la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades.
4. Sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan funciones públicas en los cargos que establezca la ley y para la publicación de tales declaraciones cuando corresponda.
5. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado que aseguren la publicidad, equidad y eficiencia de tales sistemas.
6. Sistemas adecuados para la recaudación y el control de los ingresos del
Estado, que impidan la corrupción.
7. Leyes que eliminen los beneficios tributarios a cualquier persona o sociedad que efectúe asignaciones en violación de la legislación contra la corrupción de los Estados Partes.
8. Sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, incluyendo la protección de su identidad, de conformidad con su Constitución y los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico interno.
9. Órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas.
10. Medidas que impidan el soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, tales como mecanismos para asegurar que las sociedades mercantiles y otros tipos de asociaciones mantengan registros que reflejen con exactitud y razonable detalle la adquisición y enajenación de activos, y que establezcan suficientes controles contables internos que permitan a su personal detectar actos de corrupción.
11. Mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción.
12. El estudio de otras medidas de prevención que tomen en cuenta la relación entre una remuneración equitativa y la probidad en el servicio público.
Ámbito
La presente Convención es aplicable siempre que el presunto acto de corrupción se haya cometido o produzca sus efectos en un Estado Parte.
Jurisdicción
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para ejercer su jurisdicción respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con esta Convención cuando el delito se cometa en su territorio.
2. Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas que sean necesarias para ejercer su jurisdicción respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con esta Convención cuando el delito sea cometido por uno de sus nacionales o por una persona que tenga residencia habitual en su territorio.
3. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para ejercer su jurisdicción respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con esta Convención cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio y no lo extradite a otro país por motivo de la nacionalidad del presunto delincuente.
4. La presente Convención no excluye la aplicación de cualquier otra regla de jurisdicción penal establecida por una Parte en virtud de su legislación nacional.
Actos de corrupción
1. La presente Convención es aplicable a los siguientes actos de corrupción:
a. El requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas;
b. El ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente, a un funcionario público o a una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para ese funcionario público o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas;
c. La realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero;
d. El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de cualesquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo; y
e. La participación como autor, co-autor, instigador, cómplice, encubridor o en cualquier otra forma en la comisión, tentativa de comisión, asociación o confabulación para la comisión de cualquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo.
2. La presente Convención también será aplicable, de mutuo acuerdo entre dos o más Estados Partes, en relación con cualquier otro acto de corrupción no contemplado en ella.
Legislación interna
Los Estados Partes que aún no lo hayan hecho adoptarán las medidas legislativas o de otro carácter que sean necesarias para tipificar como delitos en su derecho interno los actos de corrupción descritos en el Artículo VI.1. y para facilitar la cooperación entre ellos, en los términos de la presente Convención.
Soborno transnacional
Con sujeción a su Constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, cada Estado Parte prohibirá y sancionará el acto de ofrecer u otorgar a un funcionario público de otro Estado, directa o indirectamente, por parte de sus nacionales, personas que tengan residencia habitual en su territorio y empresas domiciliadas en él, cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones públicas, relacionado con una transacción de naturaleza económica o comercial.
Entre aquellos Estados Partes que hayan tipificado el delito de soborno transnacional, éste será considerado un acto de corrupción para los propósitos de esta Convención.
Aquel Estado Parte que no haya tipificado el soborno transnacional brindará la asistencia y cooperación previstas en esta Convención, en relación con este delito, en la medida en que sus leyes lo permitan.
Enriquecimiento ilícito
Con sujeción a su Constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, los Estados Partes que aún no lo hayan hecho adoptarán las medidas necesarias para tipificar en su legislación como delito, el incremento del patrimonio de un funcionario público con significativo exceso respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda ser razonablemente justificado por él.
Entre aquellos Estados Partes que hayan tipificado el delito de enriquecimiento ilícito, éste será considerado un acto de corrupción para los propósitos de la presente Convención.
Aquel Estado Parte que no haya tipificado el enriquecimiento ilícito brindará la asistencia y cooperación previstas en esta Convención, en relación con este delito, en la medida en que sus leyes lo permitan.
(Texto completo léase en la fuente electrónica citada)
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Algunas otras fuentes recomendadas sobre corrupción
corrupcionperu.blogspot.com/
También en corrupcionperu.lacoctelera.net/tags/la-corrupcion-en-el-peru
www.corruptio.com/web/main/main.htm
Diversos articulos y documentos relacionados a la corrupción en las universidades españolas
VÉASE EL IMPORTANTE DOCUMENTO EN PDF DE 239 PÁGINAS SOBRE LA CORRUPCIÓN EN EL PERU TITULADO: PLAN NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2006-2011 PERÚ Ministerio de Justicia, en la siguiente dirección electrónica.
http://www.justiciaviva.org.pe/nuevos/2006/julio/20/plan_nacional_correcion.pdf
